Subterráneos de Buenos Aires S. E. (SBASE) autorizó recientemente la instalación de un stand promocional del banco HSBC en el tercer piso de la sede de la empresa. Según informó en una comunicación interna, los representantes de la entidad bancaria se abocarían a “promocionar tarjetas de crédito y otros productos del banco”.
Resulta particularmente llamativa la decisión de privilegiar a un banco de capital privado y extranjero por sobre el Banco Ciudad, cuyo dueño es el Estado municipal propietario de SBASE, sobre todo teniendo en cuenta que en más de una oportunidad ha sido exaltado por el actual gobierno porteño como un modelo a seguir en lo que respecta a la banca pública.
Fue la controvertida gerenta Verónica López Quesada quien tomó y comunicó la decisión de permitir que representantes del banco privado utilicen instalaciones del Estado para promocionar sus servicios. Mano derecha de Juan Pablo Piccardo desde sus tiempos en Espacio Público, López Quesada ocupa en los papeles la Gerencia Corporativa y Comercial, pero también controla interinamente la de Organización y Recursos Humanos, entre otras áreas de la empresa. Recientemente la funcionaria se vio envuelta en un escándalo por reclutar a trabajadores de Subterráneos para la campaña de Mauricio Macri, llamándolos a realizar actividades de campaña en horario laboral.
El HSBC ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos meses por su rol en un entramado de fuga de capitales y lavado de dinero a escala mundial, con importantes coletazos y conexiones locales. Una Comisión Bicameral del Congreso Nacional investiga al banco, precisamente, por la existencia de más de 4000 cuentas mediante las cuales se habrían fugado 3500 millones de dólares desde la Argentina a la filial suiza del HSBC. Esta misma semana y en el escenario de tal investigación, las autoridades del Banco Central revocaron la licencia del presidente de la entidad, Gabriel Martino y del vice, Miguel Ángel Estevez.
No es la única asociación del gobierno de Macri con elementos del sector financiero acusados de fuga de divisas o lavado de dinero. Esta misma semana, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) inició una denuncia contra el Gobierno porteño por haber habilitado para funcionar como entidades cambiarias a locales no autorizados por el Banco Central —las denominadas “cuevas”— “en abierta violación a la legislación vigente”.
Cabe preguntarse el por qué de la decisión de SBASE. ¿Por qué una empresa del Estado porteño elige pagar sueldos y facilitar a sus empleados la contratación de servicios financieros de una entidad privada, siendo dueño de un banco público propio? Y aún, ¿por qué elegir, de entre todos los bancos de capital privado que operan en nuestro país, a uno sospechado e investigado a nivel mundial por maniobras de lavado de dinero y fuga de capitales?
