El Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires Facundo del Gaiso (Coalición Cívica) presentó el pasado viernes un recurso de amparo solicitando una medida cautelar que frene el aumento del Subte (de 67%), que llevará la tarifa plana de $4,50 a $7,50.
Según argumenta Del Gaiso, el precio de la tarifa está “inflado” ya que “los gastos de seguridad, ciertos gastos de mantenimiento y depreciación de material rodante no son ejecutados por el operador del servicio”.
[quote_box_right]El amparo afirma que en la tarifa técnica, de $13,37, se computan gastos que no corresponden a la operación del servicio como la infraestructura, la seguridad, la depreciación del material rodante y algunos gastos de mantenimiento. En 2013, un amparo ya había obligado a frenar un aumento.[/quote_box_right]
La presentación se fundamenta en una resolución del directorio de Subterráneos de Buenos Aires que discrimina entre la tarifa técnica, que fuera fijada en $13,37, y la tarifa de operación, que asciende a $11,21. Esta tarifa “representa los ítems exclusivamente ejecutados por la operadora del servicio: mano de obra, parte de mantenimiento de material rodante e instalaciones, de energía eléctrica, de seguros, de operación, de facturación, de administración y determinados impuestos”.
“Además, en el anexo de la citada resolución se adiciona la infraestructura, que no es un gasto que ejecuta el operador del servicio, sobrevaluando aún más la tarifa técnica que deben soportar los usuarios”, puntualizó el denunciante.
Cabe recordar que no es la primera vez que se acusa que la tarifa técnica se encuentra inflada por computar indebidamente algunos rubros. La propia Auditoría Porteña lo afirmó, en un informe oficial del año 2013, elaborado por encargo de la Legislatura.
El incremento tarifario está previsto para el próximo mes de julio, luego de que la semana pasada finalmente pudiera realizarse, tras varias suspensiones, la audiencia pública requerida para proceder al aumento.
El antecedente
En 2013, la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el entonces legislador Alejandro Bodart (MST), que fuera ratificado en varias instancias y que logró dilatar la entrada en vigencia del aumento de $2,50 a $3,50, previsto originalmente para marzo de ese año, hasta noviembre.