Las negociaciones para traspasar los servicios de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP) al Estado nacional parecen haberse encaminado pese a la reticencia inicial mostrada por el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el presidente de Ferrocarriles Argentinos, Marcelo Orfila.
La Nación accedió finalmente al pedido que desde hace varios meses lleva adelante el gobierno provincial que encabeza María Eugenia Vidal y en los próximos días se conformará una mesa de trabajo para la constitución de la Unidad Operativa de Transferencia (UOT), encargada de negociar los términos del traspaso en un plazo de 180 días prorrogables. La UOT estará conformada por dos representantes del Ministerio de Transporte de la Nación y dos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia.
[quote_box_right]En los próximos días se formará la Unidad Operativa de Transferencia (UOT), integrada por funcionarios de Provincia y Nación. En 180 días, esa unidad deberá negociar los términos del traspaso de los servicios a Ferrocarriles Argentinos, una medida inicialmente resistida por el ministro Dietrich y por el presidente de FA, Marcelo Orfila.[/quote_box_right]
Este marco legal e institucional había sido instituido en 2007 mediante un convenio firmado por el entonces gobernador Felipe Solá con las autoridades nacionales de entonces, que había sido refrendado por la Legislatura provincial. Sin embargo, las negociaciones nunca avanzaron y la UOT jamás llegó a conformarse.
Según la norma de 2007, la Unidad de Transferencia deberá revisar durante tres meses “inventarios, estados patrimoniales, programas de mantenimiento, relevamiento de personal y toda acción que resulte conducente” a la recuperación por parte del gobierno nacional de la infraestructura, material rodante y servicios provincializados. En paralelo debía conformarse una Unidad de Gestión Operativa, de responsabilidad compartida, para operar los servicios durante el proceso, aunque en todo caso el marco normativo del decreto de Solá quedó caduco con las leyes de Reordenamiento Ferroviario (2008) y de Ferrocarriles Argentinos (2015).
La ley de Ferrocarriles Argentinos aprobada el año pasado obliga al Estado nacional a recuperar los servicios concesionados a las provincias en la década del 90. Ferrobaires es, junto a Tren Patagónico, la única sobreviviente de aquel esquema de provincialización que el gobierno actual intenta resucitar para el Chaco y Neuquén.
Si bien la conformación de la Unidad Operativa de Transferencia es fundamental para destrabar el conflicto, cabe señalar que aún no hay fecha prevista para el restablecimiento de los servicios que se prestaban hasta hace dos semanas atrás, cuando el gobierno bonaerense decidió suspenderlos en forma sorpresiva, en parte preocupado por las condiciones de seguridad, pero también en parte para activar las negociaciones de la transferencia y presionar a Dietrich y Orfila, cuya política iba precisamente en la dirección contraria.
No obstante, circulan con fuerza versiones que indican que algunos servicios podrían ser asumidos a la brevedad por Ferrocarriles Argentinos, restableciéndose su prestación; tal es el caso de los trenes diarios a Junín y de los trenes a Bahía Blanca vía Lamadrid, que corrían dos veces a la semana.
Si el gobierno nacional cumple con lo firmado con la Provincia de Buenos Aires en 2007, figura allí el compromiso de no suprimir ninguno de los ramales incluidos en la concesión de Ferrobaires, ampliar los servicios existentes y determinar un plan de inversiones durante el proceso de transferencia.
Los servicios transferidos formalmente a Ferrobaires entre 1992 y 1993, aunque algunos se encuentran cancelados desde hace años, son los corredores de Constitución a Mar del Plata, Miramar, General Madariaga (Pinamar), Bahía Blanca, Bariloche (sic), Quequén y Bolívar; de Once a Toay, General Pico, Lincoln, Villegas y Darragueira; de Retiro San Marín a Alberdi y Junín; y de Federico Lacroze a Rojas.