El Gobierno de la Ciudad denunció días atrás a través de una nota en Clarín que el Estado Nacional mantenía retenidos en la Aduana “30 coches” para la línea C, en referencia a los Nagoya 5000 adquiridos de segunda mano a esa ciudad japonesa.
enelSubte pudo comprobar que sólo seis de esas treinta unidades permanecen en el puerto: las 24 restantes se reparten entre un galpón de la calle Agustín Magaldi, en Barracas, que el gobierno porteño le alquila al Grupo Clarín a un valor de un millón y medio de dólares por año, y el Taller Polvorín del Subte, ubicado en el barrio de Caballito.
En el predio de Barracas, donde también se almacenan algunas unidades de los polémicos coches usados CAF 6000 que todavía no han sido puestas en servicio en la línea B, se ha montado un fuerte operativo de vigilancia privada, con presencia permanente de guardias y cámaras de seguridad y hasta refuerzos de la Policía Metropolitana en la zona en ocasión de traslados de coches, como ocurrió algunos días atrás cuando se transportó un coche cabina hasta Polvorín. enelSubte pudo acceder a fotografías y un video tomado este lunes en el galpón de Clarín donde se advierte la presencia de dos formaciones de coches Nagoya 5000.
Sorprendentemente, no parece haberse puesto el mismo celo en custodiar a las unidades que se encuentran en el Taller Polvorín –también previa estadía en el galpón de Clarín–, que fueron fotografiadas libremente por más de un curioso el pasado sábado, durante la cual se abrió el taller para recorrido del público general como parte de la Noche de los Museos.
Ambos testimonios provocan que la denuncia del gobierno porteño pierda sustento y con ellos se diluyen las inflamadas declaraciones del presidente de SBASE, Juan Pablo Piccardo, quien días atrás manifestó: “Es inaceptable que el Estado nacional trabe los coches y perjudique a tantos usuarios. Necesitamos un Estado activo y eficiente, no un Estado arbitrario“.
Vale notar, además, que los coches almacenados en el galpón de Clarín fueron ploteados con el color institucional del GCBA y su identidad corporativa para el Subte, hecho que da cuenta de la libre disponibilidad del material.
¿Desconoce acaso el titular de la empresa que administra el Subte que 24 de los 30 coches comprados no están retenidos por ningún Estado arbitrario sino que se encuentran a libre disposición del Subte? Más aún, ¿por qué ese inconveniente aduanero –que de acuerdo a la posición del gobierno porteño se fundaría en razones políticas– no ocurrió en el caso de los coches Alstom brasileños recientemente recibidos para la línea H?
Quizás la transferencia de responsabilidades sea única reacción posible al momento de intentar explicar el hecho de que la actual gestión ha sido incapaz de ponerlos en servicio pese a haberlos recibido hace casi un año.