La denuncia será presentada este miércoles por la mañana ante los Tribunales con el objetivo de que “se designe un veedor judicial con facultades para tomar las precauciones que garanticen la actividad normal del servicio, así como un abanico de acciones que irían desde mediar entre las partes hasta llamar a la Policía en caso de conflicto”. Los legisladores sostienen que el conflicto entre la Nación y la Ciudad por la transferencia de la red “dio lugar a un estado de incertidumbre general tanto para quienes utilizan el servicio, como para los trabajadores de los mismos, convirtiéndose en una desidia”.
“A esto se debe sumar el conflicto que mantienen los trabajadores del Subte por las negociaciones paritarias y en razón de los reclamos por obtener justicia por la muerte de un operario que se electrocutó mientras trabajaba con una máquina soldadora. Toda esta situación conlleva a paros totales y continuos. Esto, además de los constantes cruces de acusaciones entre funcionarios de la Nación y la Ciudad”, dijeron en la presentación.
Mediante esta acción de amparo los representantes solicitan que “tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad conformen de manera inmediata un organismo de emergencia que asuma la responsabilidad de llevar adelante el mantenimiento, conservación y fiscalización de la gestión, hasta que se solucione el conflicto existente. De esta manera se pondría fin a la anarquía total que existe sobre quién gestiona las líneas de Subte”. Para los legisladores “se afectan derechos fundamentales de miles de ciudadanos que utilizan dicho transporte diariamente para dirigirse a sus actividades y trabajos, quienes no saben cómo actuar frente a un aumento tarifario, paros constantes, miedo ante el mal funcionamiento de los vagones y falta de mantenimiento que no solamente es notorio, sino que además es de público conocimiento”.
