El diputado Facundo Di Filippo (Coalición Cívica) presentó hoy un proyecto de ley para que el Gobierno porteño reconozca a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y a los trabajadores de los subterráneos de Buenos Aires con el objetivo de garantizar la libertad sindical y de posibilitar una solución al conflicto en la red de subtes.
La iniciativa, de cuatro artículos y una cláusula transitoria, establece el reconocimiento en el territorio de la ciudad de Buenos Aires de la CTA “como actor gremial, social, político y cultural conforme con la garantía constitucional de organización sindical, libre y democrática y con los demás principios que emanan de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
También estipula la creación de un Registro de Sindicatos y Centrales Sindicales para que todas las organizaciones gremiales que lo deseen puedan obtener “una inscripción con absoluta validez” ante las autoridades porteñas, independientemente de su reconocimiento por el Ministerio de Trabajo de la Nación, afín de poder “constituirse como interlocutores en las respectivas paritarias con los organismos estatales de la Ciudad de Buenos Aires”.
En la cláusula transitoria establece que el Gobierno porteño “reconoce expresamente” a los trabajadores de la red de subterráneos, a los cuales -destaca- “se invita a la inscripción como asociación gremial” en el Registro de Sindicatos y Centrales Sindicales de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto de ley, que acompañan con sus firmas los diputados Diana Maffía (Coalición Cívica), Martín Hourest (Igualdad Social) y Patricia Walsh (Nueva Izquierda), cita en sus fundamentos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional; la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Declaración de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos; diversos convenios y resoluciones de la OIT; el fallo del 12 de noviembre de 2008 de la Corte Suprema de Justicia que planteó la inconstitucionalidad de la personería gremial única; y un decreto del Gobierno de la Tierra del Fuego, de mayo pasado, de reconocimiento de la CTA como entidad gremial.
La iniciativa -se agrega en los fundamentos- tienen por objetivo “la promoción de la organización de los trabajadores/as y la acción sindical, así como la implementación de una política tendiente a promocionar la plena vigencia de la libertad sindical y a evitar toda discriminación en el ámbito laboral”.
Sobre el conflicto de subterráneos, destaca que la ley que se propone “puede realizar un aporte sustantivo” a su solución con el reconocimiento de los trabajadores de la red de subtes “ante la inacción del Gobierno Nacional”, ya que la Ciudad de Buenos Aires “es la jurisdicción, de acuerdo a derecho, a la que le corresponde la administración de dicho servicio de transporte”.
Abrevaya también se refirió al conflicto
El legislador Sergio Abrevaya, conocido por su recurrente preocupación por los subtes, también se refirió al paro. “Este conflicto es producido por las políticas autoritarias del Ministro Tomada” aseguró “Tiene todos los resortes legales y constitucionales para resolver esta situación, otorgándole la simple inscripción que ha denegado a los trabajadores del subte” señaló el diputado Sergio Abrevaya, Presidente del Bloque de la Coalición Cívica, en relación al conflicto en todas las líneas de subterráneos de la Ciudad.
“Este conflicto es producido por políticas autoritarias que no incorporan las minorías sindicales y lo único que hacen es escalarlo” aseguró el legislador quien es miembro de la Comision de Transporte, a lo que agregó que, “favorecer permanentemente y de manera absoluta la burocracia sindical genera una olla de presión que cuando explota perjudica a los trabajadores y a los usuarios en general”.
