El escrito ahora rechazado apuntaba a que la Corte tomara cartas en la cuestión, salteándose instancias previas de la justicia, y dispusiera con carácter de “urgente” la creación de “un organismo de emergencia que se haga cargo del mantenimiento y control de la gestión de la red de subterráneos”.
Ocaña y Amoroso ya habían formulado el pedido ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo federal, como primera instancia de su intento de resolver por vía judicial de quién es el subte y, sobre todo, asegurar su funcionamiento. Pero el juez Esteban Furnari rechazó la acción de amparo. Los legisladores apelaron el fallo, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo no había iniciado hasta ayer la revisión del tema.
Los legisladores entendieron que existía un problema de “gravedad institucional”, pues estaba en juego el sistema de transporte que diariamente moviliza a un millón de personas. Y entonces le pidieron a la Corte Suprema que se avocara al asunto, es decir que aplicara un virtual per saltum. Pero los siete jueces del tribunal consideraron que “la presentación efectuada no configura acción o recurso que habilite la competencia ordinaria o extraordinaria de este tribunal, ni un caso de privación de justicia que le corresponda resolver”. Y desestimaron la presentación.
Ocaña y Amoroso reclaman “una intervención fuerte de la justicia que proteja a los usuarios, más allá de la coyuntura actual”. Por fuera de la causa judicial, opinaron que Nación y Ciudad “están jugando al gran bonete” con el subte. En el expediente indican que el gobierno nacional y el de Mauricio Macri “han tomado la decisión de desentenderse del mantenimiento, fiscalización, control, seguridad, e inversiones que reclama el servicio; todo ello en detrimento de los derechos de los usuarios del servicio”.
Fuentes judiciales dijeron a Tiempo Argentino que la instancia de la Corte para intervenir en el conflicto de fondo. “Lo que el tribunal hizo fue rechazar el expediente en este momento, porque no hay una sentencia firme de Cámara. El planteo de Ocaña y Amoroso implicaba revisar una decisión de un juez de primera instancia cuando todavía no se pronunció el tribunal revisor.
El argumento de la ‘gravedad institucional’ tampoco corresponde porque más allá de la envergadura y dureza del conflicto gremial, los subtes están andando nuevamente”. En ese escenario las mismas fuentes vaticinaron que “sea cual fuere el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, algunas o todas las partes lo van a apelar y, entonces sí, estará habilitada la vía de la Corte Suprema. Pero para eso todavía falta”. «
