Un destacado grupo de expertos, investigadores, consultores, trabajadores y comunicadores vinculados con el sector del transporte y el sistema ferroviario publica este martes una carta abierta, adjunta a esta nota con sus firmas, alertando a los legisladores, al periodismo y a la opinión pública sobre los riesgos que supone el proyecto de privatización total del sistema ferroviario que se discute en el Congreso como parte de la Ley Ómnibus: “La llamada Ley Bases presentada por el gobierno actual amenaza con la destrucción definitiva de los ferrocarriles argentinos. Es imprescindible para el bienestar colectivo que no se avance en esa dirección”.
El comunicado destaca fundamentalmente el peligro que supone la privatización de la infraestructura ferroviaria, tanto porque el abandono de la inversión pública profundizaría su deterioro –cerrando el lento camino de recuperación iniciado tras la tragedia de Once– como porque supondría incluso la posibilidad de que las vías y estaciones abandonen su función para pasar a comercializarse como terrenos: “Vemos con especial preocupación la posibilidad de privatización de la infraestructura ferroviaria, ya que esto podría significar la liquidación de los terrenos ferroviarios con criterio inmobiliario, causando un daño irreparable […] Esta subasta del patrimonio común es una descapitalización del Estado y una estafa al pueblo argentino en su conjunto”, remarca.
El documento además pondera la necesidad de preservar la recuperación de los servicios de pasajeros emprendida en los últimos diez años y las inversiones en el sistema de cargas, todas obras posibles gracias a la inversión estatal y al financiamiento de la República Popular China, hoy también en entredicho. En efecto, la idea de que sea posible privatizar las vías –que había sido criticada hasta por Patricia Bullrich durante la campaña electoral– pasa por alto que no puede exigirse al sector privado que realice en solitario las inversiones necesarias para mantener la infraestructura ferroviaria, como deja en claro el resultado de 30 años de concesiones y como reconocen las propias cargueras privadas.
El futuro de la operación es discutible, consideran los expertos, en tanto en la Argentina ya rige –aunque sigue pendiente de implementar en todos sus alcances– un modelo de acceso abierto o libre competencia, en que cualquier inversor privado podría competir brindando servicios de cargas o de pasajeros. Pero para asegurar esto, destacan, primero es necesario un consenso sobre la administración de la infraestructura ferroviaria que permita esa eventual competencia, independientemente de si los operadores son públicos, privados o mixtos: “En todos los países donde existe un modelo de competencia las inversiones en infraestructura y el control de circulación son asegurados por el Estado“, resaltan.
Por último, la carta llama a evitar limitar la discusión sobre el sistema ferroviario a su dimensión fiscal o financiera: “El sistema ferroviario sólo puede considerarse en el conjunto de sus externalidades: capacidad de transporte, abaratamiento del flete, reducción del costo laboral y aporte a la movilidad e integración urbanas, entre otros aspectos que escapan al resultado contable”. En ese sentido, resalta: “Es razonable emprender una discusión sobre la tarifa de los servicios de pasajeros urbanos e interurbanos, pero este no puede ni debe ser el eje central del debate ferroviario“.
A diferencia de la Ley de Reforma del Estado de Carlos Menem, que habilitaba la entrega en concesión de los servicios que prestaba Ferrocarriles Argentinos, el proyecto de Ley Ómnibus que se continúa negociando en Diputados prevé simplemente la privatización total de las cinco empresas ferroviarias del Estado, incluyendo a la gestora de infraestructura ADIF. En ese sentido, las consecuencias podrían ser mucho más devastadoras para el futuro ferroviario de la Argentina de lo que resultaron las concesiones del menemismo, experiencia que de por sí la enorme mayoría de los expertos del sector considera un fracaso. Al respecto, concluye el texto: “Es necesario evitar repetir errores cuyas consecuencias todavía paga la sociedad argentina en su conjunto“.
Descargo de interés: el director de enelSubte, Martín Machaín, es uno de los firmantes de la declaración sobre la que se informa. El documento continúa recibiendo adhesiones.
