11 octubre 2024

Multan a la Ciudad por demorar la combinación entre líneas D y H

La Auditoría Porteña denunció que el GCBA deberá pagar multas de 2000 pesos por cada día que demore la construcción de la combinación entre líneas D y H. Como el acceso debía terminarse en febrero de 2015, ya se acumulan penalidades por el 35% del valor del predio expropiado. Las irregularidades de la obra.

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La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires denunció que el gobierno porteño deberá pagar una multa de dos mil pesos diarios por cada día que demore la obra de la combinación entre las líneas D y H en la estación Santa Fe, que fue inaugurada la semana pasada sin estar terminada. La situación obliga a los usuarios a combinar de forma poco ortodoxa, volviendo a pasar por molinetes con un Subtepass especial, proporcionado por personal de Metrovías.

Según explicó la auditora Cecilia Segura, presidenta del órgano de control, las obras de construcción de los accesos a Santa Fe debían realizarse en el plazo de dos años, con fecha prevista de finalización el 8 de febrero de 2015. Pasado ese período, la Ciudad se vería obligada a abonar una penalidad de 2.000 pesos por día al propietario original del inmueble, en este caso, el Bar Duero.

“El costo por multas a pagar superará los 600 días, lo que generará un sobrecosto que representa casi el 35% del valor expropiado del predio”, explicó Segura en un comunicado. “El gobierno paga una multa diaria por la ineficiencia en la gestión de las obras”, señaló.

La auditora recordó entonces las irregularidades que rodean a las expropiaciones para construir los accesos a las estaciones de la línea H, que ya habían sido denunciadas por el organismo hace dos años. En aquel entonces se había señalado que, mientras que la ley había autorizado la expropiación total de los inmuebles, la Ciudad había realizado únicamente una expropiación parcial (planta baja y subsuelo), conservando el propietario original el resto de la parcela. La expropiación costó 3,6 millones de pesos.

Otra de las cuestiones que fueron observadas en el proceso de expropiación es el hecho de que fue llevado adelante por una firma tercerizada que fue contratada en forma directa, sin licitación, con nulos antecedentes en la materia y, en apariencia, conformada ad hoc para este contrato. La consultora sería propiedad de allegados al entonces Gerente de Legales de SBASE, Juan Francisco Freire Aurich, autor de algunas de las movidas más polémicas de la cuestionada gestión de Juan Pablo Piccardo al frente de la empresa.

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