El legislador Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) denunció en la Legislatura al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, por tráfico de influencias. Según el edil, Chaín se habría valido de sus facultades como ministro para acrecentar el valor del complejo edilicio denominado “Jardines de Roosevelt”, de cuya sociedad controlante es accionista minoritario, gracias a su cercanía con la futura estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. También se adjudicó responsabilidad en el hecho al subsecretario de Planeamiento, Héctor Lostri, quien también invirtió en la obra.
Según el denunciante, Chaín y Lostri invirtieron en los Jardines de Roosevelt siendo funcionarios contando con información priviegiada que indicaba que en sus cercanías se construiría la estación Villa Urquiza (hoy Juan Manuel de Rosas) de la línea B. La obra de dicha estación, junto con la de Echeverría, comenzó el 19 de diciembre de 2004 mientras Chaín se desempeñaba como director del Instituto de la Vivienda porteño desde enero de dicho año.
En escuetas declarariones periodísticas, el ministro aclaró que invirtió en el proyecto inmoviliario recién en enero de 2007, cuando el emplazamiento de dichas estaciones ya era de público conocimiento. “Yo no compro ni vendo cosas que tiene que ver con el Gobierno de la Ciudad. Sólo hice una inversión en una propiedad, a través de una sociedad en la que soy el socio minoritario, en enero de 2007. Estoy tranquilo desde el punto de vista ético con lo que hago, y todo figura en mi declaración jurada”, dijo Chaín. No obstante, el legislador Ruanova dijo que presentará una denuncia ante la Justicia ya que cree que puede demostrar que Chaín “compró un inmueble en un domicilio donde más tarde, y sólo a dos cuadras, se decidió la creación de una estación de subte, que lógicamente incrementa el valor de la propiedad”.
Esta grave acusación se produjo en el marco de las reuniones del debato por el Presupuesto 2011, de las que participó Chaín el pasado jueves. Concluído el evento, Ruanova manifestó que la principal dificultad para llevar adelante este tipo de investigaciones radica en que “el PRO se niega a tratar la Ley de Etica Pública para la Ciudad, que evitaría estas claras incompatibilidades éticas en el ejercicio de la función pública”.