El Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires desestimó una denuncia presentada por un usuario contra Metrovías por no anunciar por los altoparlantes de los trenes la estación en la que se encuentran detenidos.
La Biblioteca Argentina para Ciegos solicitó a Metrovías que se provea de señalización auditiva de estación de arribo en los coches del Subte y Premetro, hecho que motivó que un usuario realizara luego la denuncia ante el Ente. El Area Técnica del organismo oficial dictaminó que la instalación de un sistema de altoparlantes en los coches no constituye una obra de alto costo o dificultad tencológica para la empresa, aunque concedió que dichos trabajos no están previstos ni en en Contrato de Concesión ni en las obras mínimas e indispensables que marca la Emeregencia Ferroviaria de 2002.
En la contestación que realiza la empresa a un pedido de informes del Ente, Metrovías dice que dicho sistema de sonido se encuentra instalado en varias formaciones pero su uso está previsto para emergencias exclusivamente. Sin embargo, alega que las formaciones Alstom "G" y "H" que circulan en la línea D proveen la señalización auditiva que se solicita. Los dias 29 de mayo, 6 y 13 de junio de 2006, inspectores del Ente constataron que las mencionadas formaciones Alstom no proveían señalización auditiva. Por lo tanto, se inició un sumario contra la empresa.
En su defensa, Metrovías alega que la ley 24.314 (sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida) fue sancionada con posterioridad a la firma del contrato de concesión, por lo que sus disposiciones no alcanzan al servicio prestado por la concesionaria ya que estas alterarían la "ecuación económico financiera" prevista en el contrato. Además, alega que el 16 de septiembre de 1999, Metrovías firmó una Addenda del Contrato de Concesión en donde se incluyen obras de accesibilidad que quedaron suspendidas por la firma de la Emergencia Ferroviaria en agosto de 2002, que además congeló los incrementos tarifarios previstos para el 1 de enero de 2002. En base a todos estos motivos, el Ente Regulador decidió desestimar la denuncia el pasado 22 de junio, contra la opinión técnica de sus propios inspectores que habían concluído en que la provisión de dicho servicio no afectaría en forma sustancial las finanzas de la empresa.